AÑO CON DENOMINACIÓN EQUIVOCADA
PeriodismoPerú.com.- Después de las fuertes lluvias y los huaicos, que dejaron a nuestro país con varios destrozos que pudieron haberse evitado o aminorado si se disponían las medidas preventivas adecuadas, resulta una tarea muy difícil para el actual gobierno salir airoso del fango político en el que se encuentra. En ese contexto, es muy curioso y hasta sarcástico que este 2023 tenga la denominación de «Año de la unidad, la paz y el desarrollo» si después de los tres primeros meses de la gestión de Dina Boluarte, como presidenta de la República, y de Alberto Otárola, como presidente del Consejo de Ministros, nada de ello se ha conseguido ni siquiera a un mínimo nivel de avance.
En el Decreto Supremo n.° 004-2023-PCM, publicado el 13 de enero, se anota como sustento para la elección de esa denominación en que «el Estado promueve el diálogo transparente en todos los niveles de gobierno a fin de optimizar la aplicación de las políticas nacionales y los valores democráticos consagrados en la Constitución Política del Perú, lo que permitirá asegurar una cultura de paz y protección de los derechos para toda la ciudadanía». Y yo me pregunto: ¿A qué Estado se están refiriendo?, si desde que comenzaron las marchas y las manifestaciones en diferentes localidades no se promovió el diálogo transparente a nivel del gobierno nacional, regional ni local.
Por el contrario, desde Palacio de Gobierno se reprimió con dureza y se persiguió a los opositores, se estigmatizó la protesta social y etiquetó como vándalos y terrucos a quienes salían a protestar, generalizando el actuar equivocado de algunos pocos (que se enfrentaban con piedras y fuego, provocando destrozos en instalaciones públicas) al legítimo reclamo de la ciudadanía expresado en las calles, lo que provocó mayor desunión y enfrentamiento.
¿A qué valores democráticos y cultura de paz se refieren?, si lo primero que hicieron fue intentar desprestigiar la protesta social diciendo que se trataba de unos cuantos revoltosos y violentistas liderados por azuzadores financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Más aún, señalaban que toda la gente salía a las calles como resultado de una acción planificada por Pedro Castillo desde la Diroes ubicada en el distrito de Ate, la prisión dorada de Alberto Fujimori. Como nada de ello tenía sustento, el Ejecutivo, a través de su canciller, tuvo que reconocer que no tenían pruebas de que las protestas sean financiadas por grupos radicales, quedando en ridículo a nivel internacional.
¿Y de qué protección de derechos hablan?, si de un total de 61 fallecidos, la represión militar y policial provocó la muerte de 49 de ellos por proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas. Que 17 civiles mueran en un solo día es demasiado pese al contexto de gran convulsión social, pero es mucho peor que algunos pretendan minimizar la tragedia ocurrida el pasado 9 de enero.
Por todo esto, la denominación elegida por el actual gobierno resulta equivocada, pues el 2023 muy bien podría ser recordado como el año de la protesta social y del uso excesivo de la fuerza sin diálogo.
Autor: Miguel D. Jiménez-Torres
