PeriodismoPerú.com.- Se suele pensar que después de una lluvia copiosa viene la calma y que el sol saldrá luego de que amaine el temporal, pero en nuestro país, tras la crisis política que padecemos desde el 28 de julio de 2021, no ha habido un momento de sosiego. Por el contrario, los problemas han ido en crecimiento: primero, con desaciertos groseros en la gestión de Pedro Castillo que incluso han merecido investigaciones fiscales; y, después ―casi simultáneamente―, con una actuación desafortunada de una mayoría del Congreso dedicada, principalmente, a socavar la gestión del Ejecutivo y a legislar y fiscalizar en función de sus propios intereses.

Nada bueno iba a resultar de ese enfrentamiento constante entre dos Poderes del Estado, hasta ocurrió lo menos pensado: un fallido o frustrado golpe de Estado que iba a generar una vacancia express sin apego al debido proceso y una sucesión presidencial como parte de la solución para una transición democrática que pretenden alargar hasta el 2026.

Después del recordado 7 de diciembre, comenzaron las manifestaciones en diferentes partes del país y la presidenta Dina Boluarte, quien en campaña política se mostraba como una candidata de izquierda pasó a convertirse en un agente de la derecha, equivocó la estrategia y estigmatizó la protesta social consiguiendo como dato histórico de su efímera gestión, un país colapsado, vías intransitables, cientos de heridos y decenas de fallecidos que están siendo investigados por la Fiscalía e instituciones nacionales e internacionales.

Precisamente, una de esas investigaciones, que generará gran repercusión internacional, es la elaborada hace unos días por The New York Times (periódico publicado en la ciudad de Nueva York, que se distribuye en Estados Unidos y en diversos países del mundo), que concluye que la represión de las Fuerzas Policiales y Militares fue desmedida y que hubo un excesivo uso de la fuerza durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

El balance del actual gobierno, con Alberto Otárola como premier, es negativo luego de cumplirse cien días de gestión, según expertos consultados por diversos medios de comunicación social, con los cuales concuerdo rotundamente. A este gobierno se le recordará, sin duda, por los muertos y heridos producto de la protesta social y por sus denodados esfuerzos en sobrevivir políticamente frente al gran descontento social que pedía y continúa pidiendo a gritos la renuncia de Dina Boluarte y compañía.

Pero, por si fuera poco, ahora enfrentan otro gran problema: el ciclón Yaku que ha afectado la temporada de lluvias dejando a su paso más de 60 muertos, miles de damnificados y cientos de viviendas y calles destruidas, con pérdidas económicas cuantiosas (miles de millones de soles), producto de los constantes problemas en los sistemas de prevención de desastres y una deficiente gestión que nos ha hundido de nuevo en el caos.

Autor: Miguel D. Jiménez-Torres