BALAS, VOTOS Y PERDÓN

PeriodismoPerú.com.- Las movilizaciones realizadas en el departamento de Puno y en otras localidades del sur del Perú nos dejan varias lecciones. Primero, hay que entender que la protesta no tiene, fundamentalmente, reivindicaciones de tipo social o económico, pese a que el nivel de pobreza en esta parte del país es muy alto (solo por debajo de Huancavelica) y a la alta migración de personas hacia otras regiones (como Arequipa, Moquegua y Tacna) en busca de mejores oportunidades.

La protesta tiene, principalmente, un reclamo de tipo político que se suma a la insatisfacción e indignación popular por el olvido y la desatención del Estado con estas regiones desde hace muchos años. Coincidentemente, las demandas contienen, en esencia, los mismos planteamientos del discurso «golpista» del 7 de diciembre de 2022: el cierre del Congreso, Elecciones Generales adelantadas y la consulta para una Asamblea Constituyente. A ellas, se suma ahora el pedido de la renuncia de la sucesora de Castillo, quien anunció que no lo hará, agravando así el desacuerdo existente.

Sin embargo, también hay que reconocer que en medio de las legítimas protestas existen algunos revoltosos que, aprovechando la crisis y desgobierno, realizan actos vandálicos que son inaceptables. Aun así, nada justifica la represión desmedida por parte de las Fuerzas Policiales y Militares que ha dejado un saldo de medio ciento de fallecidos, muchos de ellos como consecuencia de impactos de bala. Ambos hechos, de uno y otro lado, ilegales desde todo punto de vista, deben investigarse y sancionarse conforme a ley.

Y mientras en las calles se disparan las balas, en el Congreso se emiten los votos. Con estos últimos, la mayoría de parlamentarios le otorgó la confianza al Gabinete Otárola, pese a que durante su presentación ante el Pleno no hubo un «mea culpa» (no se reconocieron errores ni los excesos cometidos) ni un atisbo de pedir perdón a la población de estas zonas del país. Por el contrario, se les acusa —equivocadamente— de estar manipulados desde la Diroes (por Pedro Castillo) o desde Bolivia (por Evo Morales), desconociendo su criterio político y su capacidad de autoconvocatoria y de decisión. Los tratan como si fueran un «rebaño», lo que causa mayor indignación.

Las comunidades quechuas y aimaras han decidido participar en estas movilizaciones e inclusive lo hacen las mujeres porque han comprendido que esta crisis influye no solo en su grupo social sino, directamente, en su familia y en el futuro sus hijos.

Por lo tanto, el reclamo es popular y masivo, y corresponde a un gran segmento de la población que, tras la respuesta desde el Ejecutivo y el Legislativo, se proyecta que irá en aumento y será insostenible si llega a Lima. En ese estado y contexto, el perdón pronunciado por la presidenta Dina Boluarte resulta insuficiente, más aún si desde el Gobierno no se adoptan las medidas políticas urgentes que se necesitan para amainar los reclamos y propiciar el diálogo en lugar de seguir con la «política del terruqueo».

Autor: Miguel D. Jiménez-Torres